Recientemente, Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza, participó en un programa de Agenda Los Andes, donde ofreció un análisis profundo sobre las decisiones del gobierno provincial respecto al desarrollo del sector minero tras 17 años de paralización.

Rodríguez expresó un moderado optimismo ante las medidas adoptadas por el gobernador, tales como la creación de un distrito minero en Malargüe y su reciente misión en Canadá, donde buscó atraer inversiones. Destacó que estas acciones representan un cambio positivo, pero también señaló desafíos significativos, especialmente en términos de confianza por parte de los inversores debido a antecedentes normativos inestables.

El distrito Malargüe Occidental surge como una propuesta estratégica, con potencial cuprífero relevante en un contexto global que favorece el cobre como mineral clave para la transición energética. Aunque la exploración aún está en una etapa inicial, Rodríguez subrayó que el desarrollo del área dependerá de garantizar seguridad jurídica, infraestructura y apoyo técnico para atraer capitales de largo plazo.

Exploración y Desarrollo: El Camino por Delante

La exploración minera, según Rodríguez, es una etapa crucial para determinar la viabilidad económica de los recursos. En Malargüe, aunque existen antecedentes de actividad previa a la Ley 7722, aún es necesario realizar estudios exhaustivos para evaluar la pureza, profundidad y rentabilidad del cobre.

A pesar del optimismo inicial, el presidente de la Cámara señaló que el sector enfrenta la necesidad de superar obstáculos relacionados con la legislación vigente. Aunque el gobierno ha decidido operar bajo las restricciones de la Ley 7722, Rodríguez y otros representantes mineros consideran que esta normativa ha dificultado la atracción de inversiones debido a sus disposiciones sobre sustancias químicas y la ratificación legislativa obligatoria.

Rodríguez concluyó señalando que, aunque nunca es tarde para iniciar el desarrollo del sector minero, es esencial establecer reglas claras y estables para fomentar la confianza de los inversores. La reciente iniciativa del gobernador marca un primer paso, pero queda por ver si las condiciones políticas, sociales y legales podrán garantizar un crecimiento sostenido del sector.