Las claves del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y su vinculación con la minería según Raúl Rodriguez, miembro de Insertarse.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) busca atraer inversiones en diversas industrias, incluida la minería y ha sido propuesto como un mecanismo que ofrece una serie de beneficios fiscales y cierta estabilidad jurídica a las empresas que realicen inversiones significativas en nuestro país, superando montos de 500 millones de dólares.
En Argentina, la minería ha sido promovida históricamente a través de diversas leyes específicas. Por ejemplo: La Ley 24.196, Ley de Inversiones Mineras de 1993, que otorgó grandes beneficios fiscales y aduaneros para conseguir nuevas inversiones en el sector, además de estabilidad fiscal, beneficios impositivos y facilidades de exportación e importación a los proyectos mineros ya factibilización y próximos a comenzar su producción. Una ley que, a día de hoy, podemos afirmar que tuvo un impacto considerable, facilitando el desarrollo de varios proyectos dentro del territorio argentino, como por ejemplo: Alumbrera, Cerro Vanguardia, Veladero, Cerro Negro, entre otros.
En este sentido, el RIGI, en un principio, promete una lista de potenciales beneficios que incluyen estabilidad fiscal, exenciones impositivas y la posibilidad de acceso a créditos fiscales.
Sin embargo, por ejemplo, para el caso de la provincia de Mendoza, este régimen es prácticamente inaplicable debido a que las inversiones suelen ser muy por debajo del piso de los doscientos millones de dólares. Hoy, Mendoza cuenta con escasos proyectos mineros ya factibilizados que podrían acogerse y disfrutar de este beneficio. Pero en cambio, sí sería atractivo para otras industrias, como el petróleo y la energía.
Como dijo Raúl Rodríguez, miembro de Insertarse, “en conclusión estos regímenes deben ser evaluados y juzgados contemplando el contexto histórico, político, social en el que se crean, pero sobre todo analizando los objetivos estratégicos que se buscan con su implementación, los que deberían siempre responder a crear las condiciones propicias para la llegada de inversiones genuinas, transparentes, sostenibles y que, en definitiva, persigan el interés general en el desarrollo de nuestro país y no el beneficio de unos pocos”.
Fuente: Los Andes
